viernes, 23 de noviembre de 2012

Perú, Bolivia y Ecuador: Casos de violencia contra la mujer indígena u originaria


 Foto: Judith Hernández

Por Dina Ananco

El día 12 del presente mes, a unos pasos del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (o DIEVCM), aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 50/134 el 17 de diciembre de 1999[1], que se celebra cada 25 de noviembre, más de 50 mujeres indígenas, originarias y  amazónicas de Ecuador, Perú y Bolivia se reunieron para  debatir sobre los resultados presentados de  los estudios de  casos de impunidad  y acceso a la justicia en la ciudad de  Quito.


En este proceso, habría que comenzar preguntándonos qué hacemos cada uno de las y los ciudadanos para combatir la violencia contra las mujeres en especial  de las indígenas amazónicas. Lo cierto es que el trabajo menos considerado, menos valorado desde la cocina a la oficina de la mujer indígena y no indígena sigue siendo un tema emergente. Sin embargo, las mujeres han hecho muchos cambios en su destino de ser mujeres y de llevar a la mesa de debate su sentir, sus propuestas, sus necesidades y, no buscando interlocutores como afirman los awajún y wampis sindicando que su opinión es el fruto del debate con sus esposas cuando en realidad este tema, conociendo a profundidad, viviéndola como mujer en la comunidad como ellas viven, tiene otro rostro.

Cuando hice un viaje luego de casi 9 años a mi selva, Amazonas, uno de mis tíos me decía: “estoy mal, no me siento bien, porque tengo problemas con mi hijo menor. No sé por qué, yo nunca he pegado a su madre sin una buena razón y menos lo he golpeado a patadas como hacen otros, solo le he dado par de cachetadas y empujones, y ahora que mi hijo está grande ni le puedo decir nada a mi mujer, me quiere pegar, me falta el respeto…”, testimonios como este se evidenciaron en el estudio realizado en Perú con las mujeres asháninkas de la región Satipo Junín por el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP); PROINEXA de Bolivia con las mujeres que habitan en territorio del Municipio de Ixiamas y en Ecuador con las mujeres de Saraguro por el Instituto de Estudios Ecuatorianos (IEE).

   

Foto: Judith Hernandez

Casos similares en los tres países

  • La dependencia económica es uno de los factores que permite el silencio de la mujer ante la  agresión.
  • El acceso al mercado de la mujer es casi nula, sin embargo ellas son los principales productoras y sostienen el mercado local.
  • Existe discriminación étnica por parte de los varones que salen a la ciudad hacia las mujeres indígenas de la comunidad.
  • La violencia contra la mujer es fomentada por los familiares, se da en el ambiente familiar.
  • Se evidencia  violencia psicológica y patrimonial, trata y tráfico, feminicidio y acoso.
  • El estudio ha mostrado que se presentan denuncias de solo 50 % de los casos de las cuales los resultados son inciertas.
  • Las mujeres trabajan más y son menos remuneradas.
  • Las rutas críticas seguidas por las mujeres afectadas por la violencia tanto en la justicia ordinaria como la indígena no siempre concluyen ni significan posibilidades de justicia para las mujeres.

Luego de lo señalado se puede considerar que  la violencia contra la mujer se puede tornar  más intensa cuando se trata de justificar con aspectos culturales. Además, las mismas mujeres han interiorizado por la forma de educación que se les inculca: siguiendo la práctica de transmitir los conocimientos de generación en generación de que la violencia es parte de la vida y de su cotidianidad. En ese sentido, la  violencia también se transmite de generación en generación.


Foto: Dina Ananco

Si nos preguntamos qué diferencia hay entre la mujer indígena y no indígena, lo rural y lo urbano es fácil de visibilizar los puntos críticos. Las mujeres en general presentan las mismas necesidades y sentimientos, con la misma capacidad de generar y transmitir ternura y sensibilidad pero unas más marginadas que otras por su condición cultural étnica o por rasgos geográficos que marcan una particularidad que nos hace diferentes. Por ello, es importante resaltar la frase de Nidia Pezantes, representante de ONU Mujer en Ecuador de que este estudio lo que busca no es  señalar lo mal que estamos sino para ver formas de resolver los problemas en el acceso a la justicia.

Así, Nidia Pezantes  nos comparte que “la impunidad en la violencia de género se da de igual manera tanto en las mujeres indígenas y no indígenas de tal manera que sacarnos de la cabeza de que la violencia es parte de la impunidad es el reto de nuestra vida”.

Rutas: Justicia ordinaria y justicia comunitaria o indígena


Muchas de las participantes manifestaron su satisfacción de poder contar con las dos rutas porque enriquece las herramientas para acceder a la justicia. Sin embargo, observaron que en el acceso a la justicia ordinaria y comunitaria o indígena existen muchos obstáculos como  el geográfico y falta de conocimiento de las autoridades sobre el tema, ausencia de médicos forenses, abogados indígenas especializados en el tema y la brecha lingüística, entre otros.

“Las compañeras indígenas han ido construyendo alianzas y desde la sabiduría ancestral se está incursionando en la ruta crítica para entender que la violencia no se puede vivir porque cómo si existe armonía con la naturaleza la mujer puede vivir tan violentada”, manifestó Margarita del IEE.

 
Luzmila Chirisente/Foto: Judith Hernandez

Por su parte, Norma Vasquez del CAAAP señaló que de los 21 casos de estudio sobre las mujeres asháninkas en convenio con la Federación Regional de Mujeres Asháninkas, Nomatsiguengas y Kakintes (Fremank) presidida por Lusmila Chirisente solo 15 de las mujeres han empezado su ruta crítica por medio de las amistades. De las cuales sólo uno logró tener una sentencia a favor  pero se requiere vigilancia para que se cumpla. Las otras 6 que no iniciaron ninguna ruta señalaron que fue por  vergüenza, miedo, amenaza pero no porque toleren y quieran vivir con la violencia.

Asimismo, Elena de PROINEXA, señaló que en Bolivia están viviendo una transformación en cuanto respecta la reivindicación de la mujer indígena por lo que ahora están proponiendo que en la Ley integral para la defensa de la mujer se incluya una visión intercultural y se reconozca el feminicidio como una figura delictiva.

“En el Municipio de Ixiamas hemos intervenido a 21 comunidades y 18 en San Buen Aventura. De todas estas visitas hemos logrado hacer 81 entrevistas y evidenciamos 36 estudios de casos de mujeres que han sufrido violencia preocupándonos de que estas voces garanticen el problema de las mujeres de diferentes pueblos”, explicó.

En ese sentido la diputada oficialista Marianela Pasco señaló que “las autoridades tienen una visión patriarcal por lo que nos dicen que debemos aguantar la violencia. La palabra género en Bolivia ha significado una revancha hacia los hombres y actualmente se está trabajando el término “trabajo en familia para atenuar el impacto. También, la formación de la mujer ha generado más índice de violencia por lo que los esposos no estaban acostumbrados a escuchar a las mujeres, pero esto forma parte del proceso”, señaló.

Finalmente, se planteó la importancia del trabajo loable de las lideresas, mujeres indígenas, mujeres originarias o no indígenas, de las mujeres organizadas en este proceso de combatir la violencia contra la mujer y de ver las formas de que esos abusos no queden impunes. Esto  debe ir enfocado a impulsar el acceso a la educación y formación de las futuras generaciones, es decir, trabajar más con las niñas y niños para tener un panorama distinto en cuanto respecta el acceso a la justicia y la erradicación de la violencia contra la mujer.

Foto: Dina Ananco
Nota:

(1) Naciones Unidas: http://www.un.org/es/globalissues/women/historia.shtml
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Fuente: Publicado en la web del CAAAP

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